Los funcionarios que intenten prohibir los toros pueden incurrir en prevaricación

La Fundación del Toro de Lidia recuerda que los Ayuntamientos no son competentes para hacerlo

La Fundación del Toro de Lidia sigue trabajando en los mecanismos que garanticen la defensa de la Tauromaquia. En esta ocasión, la entidad ha recordado que Ayuntamientos y Diputaciones no son competentes para constituirse como ciudades o provincias antitaurinas, ni tampoco pueden abolir los espectáculos taurinos. De actuar así, estarían vulnerando la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, que regula la Tauromaquia como patrimonio cultural y la define como bien de interés cultural.

Responsables de la Fundación subrayan que, de hecho, “la ley insta a los poderes públicos al fomento, divulgación y protección de la Tauromaquia, un mandato legal que compete y obliga tanto a Comunidades Autónomas y Diputaciones como a Ayuntamientos”.

Advierten también de que “los ayuntamientos que han venido declarándose ciudades antitaurinas han vulnerado ese mandato legal. Sus declaraciones son plenamente impugnables en los plazos que determina la jurisdicción contencioso-administrativa, como lo son también aquellos actos concretos con los que un consistorio materialice esa intención de impedir o dificultar espectáculos taurinos”. De hecho, la Fundación ya ha interpuesto recursos contra decisiones de este tipo de varios ayuntamientos.

Desde la Fundación se añade que los funcionarios municipales protagonistas e impulsores de estas iniciativas podrían incurrir en un eventual delito de prevaricación si, a sabiendas de su ilegalidad, continuaran adelante con sus actuaciones en contra de la tauromaquia.

Asimismo, la Fundación recuerda que también son recurribles las actuaciones de Parlamentos Autonómicos en contra de la tauromaquia. Si las presentan en forma de proposición no de ley, carecerían por ser  de efectos jurídicos vinculantes y no podrían ser aplicadas.

Tampoco podrían actuar en contra de la Tauromaquia a través de proposiciones de ley autonómicas, por cuanto sería una actuación contraria a la normativa vigente, contra la que cabe presentar recurso de inconstitucionalidad.

En adelante, los equipos jurídicos de la Fundación del Toro de Lidia se proponen ejercitar las acciones legales oportunas contra todas aquellas acciones que, a su juicio, vulneren la legalidad vigente.